El proceso de elaboración de cualquier ley en España es poco transparente. Los decisores públicos tienen a diario decenas de reuniones con grupos, asociaciones, sindicatos y empresas que tienen intereses particulares sobre las leyes. Es lo que se conoce como 'lobby' y en España sigue siendo una tarea muy complicada saber quién, cómo y hasta qué punto influyen en las decisiones que toman los políticos.