El primer capítulo “El pueblo en armas” abarca el período de 1806 hasta 1820. Ésta época comienza con un pueblo que se une para luchar contra las invasiones inglesas. Se resalta la figura y participación de Juan Manuel Belgrano que se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Años más tarde, el creador de la bandera nacional, fue nombrado vocal en la Revolución de Mayo y se le encomendó la expedición al Paraguay. Librados de enemigos ingleses, se comenzó a pensar en una independencia y gobierno criollo. Así fue como luego de intensas revueltas, el 25 de mayo de 1810, en el Cabildo Abierto asumió el primer gobierno patrio. Sin embargo, los conflictos para la organización política del territorio nacional se hicieron presentes en los años venideros. Los gobiernos comprendidos entre 1810 a 1820, no pudieron consolidar su poder y debieron hacer frente a la guerra contra España. En esta lucha se destacó José de San Martín y la creación del regimiento de granaderos a caballo. Las campañas sanmartinianas terminaron, tras liberar a Chile, con el centro del poder español de Lima. Inmersos en un clima de inestabilidad política, fue necesario crear una identidad colectiva y nacional. Con la Asamblea del año XIII, se crearon símbolos patrios: el himno, el escudo y moneda nacional. Además, se declaró libertad de vientre, se eliminaron los títulos de nobleza, se derogó la inquisición y se puso fin al comercio de esclavos. Se sembró el terreno para que el 9 de julio de 1816 un congreso de diputados de las Provincias Unidas proclame la independencia. Rotos los vínculos de dependencia política con España, en 1819 se dictó una constitución centralista, que fue el inicio de una guerra civil.
El segundo capítulo de la historia argentina comienza con una situación de anarquía. A partir de 1819 en el país se fueron definiendo dos tendencias políticas. Por un lado, los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y por el otro, los unitarios. Éstos últimos eran partidarios del poder central de Buenos Aires. Las disputas políticas entre ambos frentes desembocaron en una larga guerra civil, cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando Estanislao López y Francisco Ramírez, caudillos federales de Santa Fe y Entre Rios, derrocaron al directorio. Con la derrota del gobierno nacional, cada provincia se gobernó de forma autónoma. Esta medida favoreció a la provincia más rica de la región: Buenos Aires, quién retuvo para sí las rentas de la Aduana y los negocios del puerto. En 1829 uno de los estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas, asumió la gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre el resto del territorio nacional. A partir de entonces y hasta su caída en 1852, el poder político, económico y social se centro en su persona. El autoritarismo fue característico de su período, al igual que la censura. Sin embargo, Juan Manuel de Rosas contó con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases altas porteñas.
Este capítulo de nuestra historia tiene nombre propio: es la época de Rosas. Para principios de 1835, el país está de nuevo al borde de la guerra civil. El asesinato del caudillo riojano, Facundo Quiroga, recrudece viejos conflictos entre las provincias. Rosas, uno de los estancieros más poderosos y gobernador de Buenos Aires, llevó a cabo una administración provincial ordenada. Recortó los gastos, aumentó los impuestos, superando lentamente el déficit fiscal heredado, y reanudó las relaciones con la Santa Sede, suspendidas desde 1810. El sector terrateniente sustentó el liderazgo rosista, ya que se consideraba que la tierra confería status y poder. Además, al Restaurador en el poder los grupos dominantes porteños y amplios sectores populares. Durante el rosismo creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior que fueron protegidas gracias a la Ley de Aduanas. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución, debido a que ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía porteña. Hasta su caída, Rosas retuvo el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa.Encarnación Ezcurra, esposa del caudillo, ayudó a la forma de La Sociedad Popular Restauradora, conocida como la mazorca, que se caracterizó por ser una organización parapolicial que utilizó el terror como instrumento de gobierno. Se enfrentó a la Generación del ’37, un grupo de jóvenes intelectuales universitarios argentinos influenciados por el Romanticismo ilustrado. Sus principales exponentes fueron Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Juan María Gutierrez y domingo Faustino Sarmiento, quienes se vieron obligados a marcharse a tierras extranjeras. En 1851 el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto, conocido como el pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba
Luego del triunfo en la Batalla de Caseros, en mayo de 1853, Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en San Nicolás, donde asistieron los 13 gobernadores. En ese encuentro, se volvió a poner en vigencia el Pacto Federal firmado en 1831. Por medio del cual, se establecía la libre navegación de los ríos y comercio en todo el territorio, los gastos provinciales serían costeados por las aduanas y el director de la confederación era José Justo de Urquiza. Sin embargo, aunque Rosas había sido derrotado y se encontraba en el exhilio, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos, y la constitución firmada en San Nicolás no los representaba. En este contexto sociopolítico, Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina, dieron un golpe de estado, conocido como la “Revolución del 11 de Septiembre de 1852″, que defendía los intereses porteños: la aduana y el puerto. A partir de entonces, el país quedó por casi diez años dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación (el resto de las provincias con capital en Paraná). La separación duró diez años, hasta que en septiembre de 1861, el líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en la Batalla de Pavón y unificó al país bajo la tutela porteña. A ésta batalla sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre (1862-68), Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880), quienes concretaron la derrota de las oposiciones del interior, la ocupación del todo el territorio nacional y la organización institucional del país fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas.
En 1880 con la llegada al poder del general Julio A. Roca, se consolidó el modelo agroexportador. Argentina se integró a la economía mundial como proveedora de materias primas e importadora de productos manufacturadas. El comercio fue favorecido por la extensión de vías ferroviarias que desembocaban en el puerto de Buenos Aires. En materia social, un gran número de inmigrantes europeos, especialmente de Italia y España, llegaron a nuestras tierras en búsqueda de una vida mejor. Como presidente, Roca logró varios avances en temas civiles, educativos y económicos. Se creó el Consejo nacional de educación y el Registro Civil, que reguló los nacimientos, defunciones y casamientos, tareas que antes estaban en manos de la Iglesia. El modelo político se basó en los principios conservadores, basado en el fraude electoral y la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Para las elecciones de 1886, Roca impuso la candidatura de su cuñado Miguel Juárez Celman, quien asumió como presidente de la Nación. Durante su gobierno, llevó adelante una política económica liberal fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Como oposición a éste régimen, se creó la Unión Cívica, un grupo político muy heterogéneo que expresaba a los diversos sectores disconformes.En el plano social, lucharon por la dignidad de los trabajadores desde los gremios socialistas y anarquistas; mientras que en el plano político combatieron la corrupción. Sus dos máximos referentes fueron Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre. La lucha radical, expresada en las revoluciones de 1893 y 1905, y el creciente descontento social, manifestado por innumerables huelgas, llevaron a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral para calmar los ánimos y trasladar la discusión política de las calles al parlamento. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que estableció el
La aplicación de la Ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales gobernaron el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. En octubre de 1916, con apenas un voto más del necesario, Yrigoyen asume como Presidente de la Nación. En un hecho inédito, el pueblo colma las calles para acompañar la asunción presidencial. En 1922, asume como presidente Marcelo T de Alvear hasta 1928, quien luego es reemplazado nuevamente por Hipólito Yrigoyen. Durante estos gobiernos radicales, se impulsaron notables cambios sociales, políticos y económicos. La ampliación de la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria, son algunos de sus logros. Sin embargo, este período no estuvo exento de conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de trabajadores detenidos y centenares de muertos. El 6 de septiembre de 1930, mediante un golpe de estado militar, se pone fin a 14 años de gobierno radical. Este golpe, es la primer irrupción militar en la vida democrática. Lamentablemente, no será la última.
Este capítulo de nuestra historia comienza con la caída del primer líder de masas del siglo XX, Hipólito Yrigoyen. El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de estado. Apoyados por sectores conservadores, Uriburu se proclamó como presidente del país. De esta forma, se inauguró un período caracterizado por el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En el plano mundial, la crisis económica de 1929 afectó a varias regiones, incluyendo a la Argentina. Las grandes potencias cerraron sus fronteras, y las carnes y cereales argentinos sintieron el impacto. Para contrarestar esta situación, en 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia Argentina con ese país. En este período, se sucedieron los gobiernos conservadores del general Uriburu (1930 y 1932), el general Justo (1932 y 1938), Roberto Ortiz (1938 y 1942) y Ramón Castillo (1942 y 1943). Estos gobiernos tuvieron un factor común: desentendimiento de los padecimientos de los sectores populares.
En 1943 el presidente Castillo es destituido de su cargo mediante un golpe de estado a manos de un grupo de militares nacionalistas. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón. Desde la secretaría de Trabajo y Previsión, llevó adelante un política tendiente a mejorar la legislación laboral y social (vacaciones pagas, jubilaciones, tribunales de trabajo). El apoyo popular, que se había manifestado el 17 de octubre de 1945 cuando se reunió la clase obrera para exigir la liberación del Perón, instó al coronel a que se presentara a las elecciones presidenciales de 1946. Durante sus dos presidencias (1946-1952 y 1952-1955) Perón, que ejerció el poder limitando el accionar de la oposición y censurando a la prensa, fomentó una política que combinaba el impulso de la industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción social desarrollada por Eva Perón a través de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos, y ayuda económica para los más pobres.
El golpe del ’55 se gesta con el claro objetivo de terminar con el gobierno de Perón y cuenta con el apoyo de la marina, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad católica y representantes del empresariado más reaccionario. El 16 de septiembre, una nueva usurpación del poder pone fin a nueve años de gobierno peronista dando inicio a una década de dictaduras militares y democracias condicionadas. El nuevo gobierno autoproclamado “Revolución Libertadora” sostiene que su misión es liberar al país de la peor de las tiranías. Con la asunción de Aramburu, en noviembre de ese mismo año, se emprende una política de profunda persecución y proscripción destinada a acabar definitivamente con el peronismo. Tras los gobiernos de Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Umberto Illia, el 28 de junio de 1966 mediante un golpe de Estado se dio inicio a una nueva dictadura militar: la autodenominada “Revolución Argentina”. El gobierno de facto se propone objetivos, pero no define plazos para lograrlos. Como en los anteriores golpes, los militares destituyen al presidente y cierran el congreso, pero esta vez dan un paso más: obligan a renunciar a toda la Corte Suprema de Justicia y crean el “Estatuto de la Revolución Argentina” que reemplaza a la constitución, todo el poder está concentrado el general Juan Carlos Onganía. Desde el comienzo de la nueva dictadura, estudiantes y profesores universitarios participan activamente en repudio a sus políticas, en respuesta Onganía firma un decreto por el que ordena intervenir las universidades nacionales. La comunidad universitaria de la UBA resiste la intervención y ocupa los edificios de varias facultades. El 29 de julio de 1966 llega La Noche de los Bastones Largos: los profesores y alumnos son echados de la universidad a los golpes y permanecen detenidos por días o semanas. La educación pública argentina tardará muchos años en recuperarse.
El 28 de junio de 1966, asumió el mando del país, el general Juan Carlos Onganía, quién contaba con amplio apoyo sociopolítico y aplicó un fuerte programa liberal orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos. Los EE.UU impulsaron la Doctrina de la Seguridad Nacional, que convirtió la persecución del peronismo en la del comunismo y de las guerrillas. El enemigo estaba “fronteras adentro”, para quienes defendían y apoyaban a esta corriente. La prensa y las manifestaciones culturales fueron censuradas, se intervinieron universidades y se expulsó a profesores opositores. No obstante, las movilizaciones estudiantiles y populares, y la organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un golpe interno. Onganía fue reemplazado por Levingston y en marzo de 1971 asumió Lanusse al mando. Lanusse propugnó una política conciliatoria, a través del Gran Acuerdo Nacional, que permitió el regreso del líder popular de masas Juan Domingo Perón. Además, llamó a elecciones nacionales sin proscripciones para el peronismo. De este modo, entre 1973 y 1976 ganó las urnas el partido dirigido por Perón. Los gobiernos peronistas fueron: Cámpora (1973), Lastiri (1973) Perón (1973-1974) e Isabel Perón (1974-1976). Intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como el impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de precios. Sin embargo, conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla no cesaron. Se agravaron aún más en 1974 con la muerte de Perón y la incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, de conducir el país. Esta crisis fue aprovechada por grupos militares, quienes no tardaron en terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar.
El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe cívico militar asalta el poder. Pero este golpe es muy distinto a los anteriores. Por primera vez las tres Fuerzas Armadas – Ejército, Marina y Fuerza Aérea- van a actuar en conjunto. El golpe contó con el apoyo de varios sectores sociales (La Sociedad Rural, los sectores más conservadores de la Iglesia y los medios de comunicación social) y de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. La Junta Militar desplegó un aparato de feroz represión que dejó como saldo a miles de muertos y desaparecidos, centenares de exiliados, la derrota del Ejército argentino en Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por cinco, la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos y de la implementación de una política económica que beneficiaba a los grupos económicos locales y extranjeros.
En 1983 después de 7 años de terrorismo de estado, entrega económica y la derrota de Malvinas, los argentinos vuelven a votar. Empujado por la fuerza de los organismos de derechos humanos que nacían tras la feroz represión militar, Raúl Alfonsín, el líder radical, se consagró como presidente de la República Argentina. Adoptó una política de derechos humanos en los que abrió las puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que se reflejó en el informe de la CONADEP y que permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas. Sin embargo, estas medidas fueron rechazadas y combatidas por amplios sectores militares, que produjeron el movimiento carapintada, los retrocesos hacia las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y el último intento guerrillero que culminó en la masacre de La Tablada. A fines de 1985, el camino económico elegido por el entonces presidente fue bloqueado por varios frentes. Por un lado, la puja por el salario liderado por el sindical Ubaldini; por el otro, la presión de los organismos internacionales para que se apliquen políticas neoliberales a cambio de nuevos prestamos. A su vez, los medios de comunicación se consolidaron como uno de los principales opositores a su gestión. Con escaso apoyo social, frente a un peronismo conspirativo y con los grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a renunciar antes de tiempo, dando fin a la primavera democrática y comienzo a un nuevo invierno neoliberal encabezado por el presidente Carlos Menem.
Carlos Menem, quién accedió a la presidencia en 1989, implementó un modelo neoliberal a gran escala. En materia económica, la privatización de empresas estatales, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, entre otras, fue acompañada por una apertura indiscriminada del mercado a los productos y capitales extranjeros. Además, se aplicó el Plan de Convertibilidad monetaria impulsado por Domingo Cavallo y las renegociaciones de la deuda externa. A pesar de ésto, los sectores medios apoyaron su mandato. Si bien, en un principio fueron beneficiados por la política monetaria, pronto comenzaron a visibilizar los efectos devastadores en términos sociales y culturales: desocupación, pobreza, corrupción. Sumado a la política de “reconciliación” con los militares que implementaron el Terrorismo de Estado, el descontento social no se hizo esperar. Sus manifestaciones fueron acompañados por la convergencia política de amplios sectores. Es así, como la Alianza en 1999, con Fernando de la Rúa como presidente, puso fin al gobierno menemista, no así al modelo neoliberal, que se agudizó con el correr de los años. El 20 de diciembre de 2001, De la Rua renuncia dejando como saldo de su mandato más de 30 muertos y un país empobrecido. Asume la presidencia Ramón Puerta, seguido por Adolfo Rodriguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Éste último, llama a elecciones y el 25 de mayo de 2003 los argentinos eligen un nuevo mandatario: Néstor Kirchner. Su gobierno se caracterizó por una fuerte implementación de políticas de derechos humanos, reducción de la deuda externa, nacionalización de empresas estatales que habían sido privatizadas, y mayor justicia e inclusión social.
